Cospedal recurre a un
‘Plan de Garantías’
para gestionar la Junta
María Dolores Cospedal, junto al consejero de Economía y Hacienda, Diego Valle, han dado a conocer el ‘Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos’ por el que, aseguran, han trabajado para defender el estado del bienestar social, garantizando la sanidad y la educación pública, bajo el objetivo fundamental de crear empleo. Expusieron que esta iniciativa viene como consecuencia del déficit del 4,9 por ciento que dejó el anterior gobierno de José María Barreda, así como una deuda de 7.455 millones de euros, unas obligaciones reconocidas y no pagadas de 2.600, y 36 millones de liquidez.
Centrados en las características del ‘Plan de Garantías’, Cospedal dijo que la pretensión es conseguir un ahorro de 1.815 millones de euros, además de obtener el año próximo unos ingresos cercanos a los 98 millones con la venta de inmuebles públicos, participación en empresas privadas (como Gas Natural o Telecom CLM), venta de vehículos oficiales y la mejora en la obtención de fondos comunitarios.
En el capítulo de gastos, sobresale la reducción de altos cargos y la supresión del cuarenta por ciento de los puestos de personal eventual, del Consejo Económico y Social, de la figura del Defensor del Pueblo y de los delegados de las consejerías territoriales.
También se contempla la eliminación de liberados sindicales, el ‘Plan contra el absentismo’, la merma de Centros de Profesores, la optimación de los gasto de personal docente, aumento de dos horas lectivas semanales en los profesionales de Secundaria y la supresión de la convocatoria de doscientas plazas anuales.
Entre otras medidas, el Plan habla de la reducción en un veinte por ciento, para llegar al cincuenta, de las transferencias a Radio Televisión Castilla la Mancha, donde se incluye la restricción de libros y publicaciones (como la revista de Castilla-La Mancha), además de la rebaja, con carácter general, de las subvenciones y transferencias a las empresas públicas y privadas del sector agrícola, sin olvidar una parte de los gastos de funcionamiento de centros de servicios sociales y programas, revisando los conciertos existentes.
La Titular del Ejecutivo Autonómico remarcó que este Plan es serio y responsable con un coste cero para los castellano-manchegos dado que no está previsto subir los impuestos.
Con respecto al ‘Instituto de la Vid y el Vino’ (IVICAM), ubicado en Tomelloso, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha afirmado que no desaparecerá sino que experimentará cambios para buscarle más eficacia.
Fuertes críticas de los Socialistas
Las reacciones en contra del ‘Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos’ interpuesto por el Gobierno de Cospedal no se han hecho esperar, como fue la del secretario provincial de los Socialistas, Nemesio de Lara, quien afirmó que quince mil empleados públicos van a ir al paro como consecuencia de la anunciada paralización de las obras públicas, llevando consigo la pérdida de mil plazas en centros de mayores y discapacitados.
Por su parte, Inmaculada Jiménez, secretaria de esta formación política en Tomelloso, aseguró que, con estos recortes, se va a poner en riesgo el actual sistema social, educativo y sanitario público que, hasta hace unos meses, eran elogiados y servían de referencia para el resto de comunidades autónomas.
En otro orden de cosas, criticó a la presidenta Cospedal por anunciar la desaparición de la mayor parte de los Centros de Recursos y Profesores, perjudicando el futuro laboral de muchos maestros. De igual forma, lo hizo con la anunciada extinción del ‘Instituto de la Vid y el Vino’ (IVICAM), instando a que esta infraestructura permanezca en la localidad dada la importancia que tiene para las bodegas y el sector agrario y se cuestionó el futuro del Hospital de Tomelloso, dado que, con el tijeretazo anunciado, podría afectar seriamente esta infraestructura que nació de la movilización ciudadana.
Mientras, la diputada Regional, Rosa Melchor, denunciaba, en la sede del Partido Socialista (PSOE) de Tomelloso, al nuevo Gobierno del Partido Popular (PP) en Castilla-La Mancha, por haber dejado de pagar a los farmacéuticos y los beneficiaros de la Ley de Dependencia, entre otros servicios, además de iniciar el curso escolar con carencias y de una manera improvisada.
Defendió la gestión del ex presidente, José María Barreda, matizando que la deuda se ha aplicado en nuevas infraestructuras, como sanitarias, educativas y de bienestar social, teniendo en cuenta que el déficit es de novecientos millones menos de los afirmados por el PP y es a largo plazo que permitía mantener los servicios públicos de calidad.
Finalmente, el ex presidente, Barreda, expuso que «las dramatizaciones, exageraciones y tergiversaciones que está realizando el PP de Cospedal en la región son para justificar sus políticas de recortes de derechos y prestaciones».
Las centrales sindicales, por su parte, exponían que las medidas propuestas por Cospedal van a a suponer recortes sociales y contribuirán a generar desempleo.
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