MANUEL MARTÍNEZ DE PAZ
Deuda farmacéutica
La gratuidad del sistema de salud español suele ponerse como ejemplo de eficiencia. La universalidad y la gratuidad son sus características esenciales y dentro del sistema, unos de los pilares fundamentales es la asistencia farmacéutica; la oficina de farmacia como dispensadora de medicamentos y su corresponsabilidad en la atención al paciente.
Mediante convenios entre los colegios de farmacéuticos y los servicios de salud de las Comunidades autónomas (convenios con origen en el servicio de salud estatal antes de la cesión de las competencias) se regulan las relaciones que van a regir el funcionamiento del sistema de pago de recetas y suministro de medicamentos a los ciudadanos, sistema de reconocida eficacia y que no ha estado sujeto a variaciones prácticamente desde el año 1973 en que se produce su implantación.
Las oficinas de farmacia son negocios privados si bien regulados en cuanto a su actividad y en virtud de su consideración como prestadoras de un servicio público. La instalación de oficinas de farmacia está limitada así como la transmisión por cualquier título de las mismas también está sujeta a autorización de la administración. Es una actividad profesional de la que no se puede libremente disponer (comprar, vender, ceder) hasta transcurridos seis años desde la concesión de la licencia y ello con independencia de la reducción de los ingresos o incluso de las perdidas en las que, como ahora es el caso, muchas de ellas pueden encontrarse en los próximos meses.
Los ingresos de las farmacias en virtud de sucesivas rebajas en los precios “por decreto” de los medicamentos se han reducido notablemente en los últimos dos años y además ahora la administración decide dejar de pagar los medicamentos que previamente ya han suministrado a los pacientes. Y no hablamos de impagos de unos pocos cientos de euros. Las facturas que están pendientes de pago a mes de agosto ascienden a una media aproximada de noventa mil euros por farmacia y ello solamente por los importes desde el mes de mayo. El origen del impago parece que está en el despilfarro de los unos según los otros y en la oportunidad política de los otros, según los unos. Lo cierto es que el “y tú más” no va a solucionar el problema.
También algún responsable político, evidenciando un torpe desconocimiento de la situación, en privado pero en voz alta (cuidado con los micrófonos) habla de que las farmacias son un sector privilegiado cuyas reivindicaciones son desproporcionadas (no debemos negar que es la imagen tradicionalmente proyectada por ese colectivo pero se obvia que un altísimo número de ellas que son pequeñas, de escasa facturación o están sometidas a una alta presión financiera por las hipotecas constituidas para su compra). No debemos olvidar que no se está reclamando nada que no se les deba. La factura farmacéutica la debe pagar la administración no las oficinas de farmacia, que ya han adelantado su importe suministrando a los ciudadanos medicamentos sin haber cobrado por lo que nada que no sea justo ni debido se pide; simplemente cobrar para seguir prestando servicios.
Y el consumidor en todo esto, otra vez el perjudicado. De momento una huelga en el sector que impedirá el uso habitual del servicio farmacéutico y de persistir los impagos un probable desabastecimiento.
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