Los alcaldes en contra
de la nueva exigencia
de la nueva exigencia
del Ministerio de Economía
Un gran número de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real han puesto el grito en el cielo tras recibir un comunicado del Ministerio de Economía y Hacienda, exigiendo la devolución de una parte de los tributos de 2009, correspondiente a tributos del Estado y mecanismos de financiación que, según sus regidores, se han aplicado a servicios públicos y subvenciones al tejido social.
El primero en pronunciarse en contra de la situación era el alcalde de Socuéllamos, Sebastián García, tras exponer que «es un duro mazazo para la estabilidad de las arcas municipales. En nuestro caso, el Ministerio nos exige la devolución de 426.000 euros que se hemos invertido en servicios municipales».
Ante este nuevo panorama, declaraba que «pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno central socialista en apoyar a los municipios, algo -añadía- que he denunciado como Senador y presidente del Comité de Alcaldes de Castilla-La Mancha del Partido Popular (PP), teniendo en cuenta la merma de ingresos que están sufriendo los entes municipales que son, a la postre, los que más servicios y atenciones ofrecen a los ciudadanos».
Por su parte, el alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, consideraba que el requerimiento obedece a una equivocación y falta de previsión presupuestaria del Gobierno de Zapatero en cuanto al Fondo Nacional, «unas asignaciones estatales de carácter mensual invertidas en la sociedad que hay que devolver incomprensiblemente».
Según Cotillas, la cantidad que se le exige al Ayuntamiento tomellosero «es un auténtico disparate que obedece a una confusión del Ministerio de Economía y Hacienda, liderado por Elena Salgado, que va a perjudicar a la mayor parte de los municipios de España, esencialmente a los vecinos que son los que asumen los impuestos y tendrán menos servicios públicos por la falta de liquidez».
En total, los consistorios ciudadrealeños deberán reintegrar 17.806.997 euros, como el capitalino con 4.400.000 millones de euros; Tomelloso, 1.800.000, Puertollano, 1.600.000; Valdepeñas, 1.400.000 y Alcázar de San Juan, 1.200.000. Para atajar el problema, los alcaldes exigen la Ley de Financiación Local para que los ayuntamientos no estén sujetos a transferencias puntuales y no sufran situaciones como la reducción del Fondo de Cooperación Local que realizó el Gobierno regional de José María Barreda.
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