Obligados a 110 kilómetros
La mayor parte de la población encuestada considera una barbaridad reducir la velocidad a 110 kilómetros hora en las carreteras españolas para minorizar los efectos del incremento del crudo. Parece como si fuéramos hacia atrás, como si se retrocediera a la década de los setenta, cuando existían los arcaicos Seat 124, Renault 12, Simca 1.200, Mercedes Benz o Dogge Dart.
Con esta medida, se obliga a los conductores a estar más pendientes del cuentakilómetros y los radares que de las autovías, además de soportar un mayor intervalo de tiempo bajo el volante y sufrir embotellamientos innecesarios. Mientras, los vehículos de alta potencia deben circular a una velocidad más baja y a más revoluciones, conllevando más consumo y contaminación.
Hay que tener en cuenta que España importa el 75 por ciento de la energía que consume y después de que el producto petrolífero se haya situado en máximos históricos, el Gobierno ha optado por incrementar el precio de los combustibles. Ante ello, las perspectivas de recuperación económica nacional y de las familias merman estrepitosamente, afectando también a las empresas de transportes, las cuales se ven obligadas a reducir la flota de vehículos como consecuencia del aumento del gasóil, cuantificado en unos nueve mil euros anuales por camión.
A priori, el Consejo de Ministros de Zapatero ha pretendido reducir un cinco por ciento el consumo de petróleo, equivalente a un ahorro de unos dos mil trescientos millones de euros; a esta cantidad hay que restar los gastos de señalización, evaluados en doscientos cincuenta mil euros, sin contar el desembolso que llevará a cabo por el cambio de luminarias o el Plan Prever de neumáticos con cargo a las comunidades autónomas, lo que ha hecho que muchos castellano-manchegos opinen que ésta es una forma de obviar otros problemas nacionales y engordar las arcas públicas (mediante multas, que al final no son tantas) en vez de ahorrar energía, dado que existen otras opciones, como subvencionar la compra de vehículos híbridos o apostar por energías alternativas debido a que las reservas se agotan y las cargas impositivas de las industrias petrolíferas son enormes.
A todas luces, este Decreto está hundiendo al sector del automóvil, contrastado con el cierre de decenas de concesionarios y el despido de miles de profesionales.
Con independencia de valorarse alguna de las veinte medidas del Ejecutivo, como el respaldo hacia el transporte público con la reducción de los billetes en unos céntimos, los ciudadanos se cuestionan que esta Ley haya contado con escasos días para entrar en vigor, sin someterse, incluso, a debate parlamentario y se ignoren a las regiones, como Castilla-La Mancha.
Era ilógico ver que muchas señales de 120 permanecían en las carreteras por el escaso margen de tiempo aplicado para cambiar el sistema. Ante ello, viene a pelo la frase «haz lo que yo diga pero no lo que yo haga», si miramos el comportamiento de muchos responsables públicos.
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