PABLO ORTIZ PERONA
En puertas a las Elecciones del ‘22-M’, la mayor preocupación sigue siendo el incremento del paro y la crisis económica a causa del descenso de la productividad, la falta de liquidez y financiación crediticia, el aumento de los precios e impuestos, la congelación salarial frente a la subida de los intereses del dinero y el euribor. Al oscuro panorama, se une el incremento de los carburantes por las revueltas del norte de África, la reconversión de las cajas de ahorros y el rescate del Banco de España por sus agujeros financieros de dudosa credibilidad que, a la postre, va con cargo al bolsillo de los ciudadanos e inciden en la caída del consumo.
Castilla-La Mancha es uno de los territorios «federales» que está acusando la recesión, demostrado con los doscientos veinte mil parados, las miles de familias dependientes de la solidaridad de Cáritas y otras ‘Organizaciones no gubernamentales’ por no tener ninguna percepción líquida (evidenciando angustia y desesperación). Todo ello, hace que se pidan soluciones inmediatas y políticas más creíbles, llevando consigo la reducción del gasto público, una bajada de impuestos, la eliminación de burocracias, así como de funcionarios triplicados (a pesar de la informatización de las áreas) y excesivas dedicaciones de confianza puestas a dedo.
La opinión pública incide en eliminar la financiación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales para darle más consistencia a los Presupuestos estatales y autonómicos, más aún cuando son colectivos que deberían subsistir de sus afiliados y proyecciones. También se habla de incidir en un nuevo modelo educativo y de formación para el futuro de las nuevas generaciones, dado el fracaso escolar y las escasas posibilidades que se les ofrece; es necesario abanderar los nuevos valores y la conciencia hacia los derechos humanos y el respeto ineludible al Planeta Tierra.
El eje del futuro de la región debe estar en la apuesta incondicional por el sector primario, nuevas infraestructuras para la industria y la investigación, sin olvidar los servicios públicos, como la Sanidad gratuita (en la que se eliminen las listas de espera y no se apueste por el copago), ley de Dependencia y de Pensiones o cultura y deporte, entre un largo etcétera.
Para llevar a cabo esta abanico de prestaciones debe haber un equilibrio entre ingresos y gastos para no llegar a la ruina, como lo ejerce cualquier empresa que apueste por el cumplimiento de sus objetivos.
Entretanto, escandalizan los casos de corrupción e imputados en los falsos ‘Eres’ de Andalucía, la trama ‘Gürtel’ de Valencia y ‘Mercasevilla’, sin olvidar los entramados ‘Faisán’ entre justicia, fuerzas de seguridad y políticos con la organización terrorista ETA, llegándose a cuestionar la viabilidad del poder judicial.
Si nos detenemos en el tejido político, la sociedad sigue pidiendo gente honesta que anteponga los intereses personales y de partido por los nacionales, como evitar que «sus señorías» tengan más privilegios que la sociedad española, como en prestaciones y pensiones. Ahora, es lamentable ver la incompetencia y el déficit cultural de la mayor parte de los parlamentarios nacionales y regionales, incapaces de legislar leyes encaminadas hacia la justicia y el derecho, ya que en la historia contemporánea nunca se ha visto que los trabajadores (como el recorte del cinco por ciento del salario de los funcionarios) no tengan garantías laborales y se esté por debajo de la Unión Europea en cuando a nóminas.
La pregunta es quién le va a poner «el cascabel al gato» para abordar reformas ante la crisis y volvamos a posicionarnos entre los primeros de los veintisiete. Quizá haga falta una escuela para los políticos que marque un nuevo estilo y manera de gobernar. Mientras siga «el todo vale» y politizadas las administraciones públicas, la cosa no irá bien. Sería bueno compararnos con Francia para entender algo de lo expuesto.
