EDITORIAL - Los bancos jalearon la compra de viviendas

Los bancos jalearon la compra

de viviendas

        El incremento del número de lanzamientos de viviendas o desahucios de muchas personas por no poder hacer frente a sus hipotecas como consecuencia del desempleo, es una muestra de los efectos de la crisis económica. El año pasado se produjeron cuarenta mil casos y las perspectivas hablan de que, en el 2015, algo más de quinientas mil familias en España habrán perdido su hogar, convirtiéndose en un verdadero drama.

        Anotando algunos datos sobre el mercado inmobiliario, en este país hay 1.900.000 pisos de primera y segunda mano a la venta, 1.300.000 que están en proceso de construcción, 2.600.000 de segunda mano en grandes centros urbanos vacíos, lo que significa que hay pisos para atender los próximos catorce años, con la particularidad de que los precios han bajado casi un cuarenta por ciento en los últimos seis años y la previsión es de continuar el descenso.

        El problema no es sólo el de los endeudados sino también de las cajas y bancos por acumular una importante cartera de viviendas a las que apenas les pueden dar salida, otorgándoles más pérdidas que beneficios. Ante ello, economistas, catedráticos y abogados proponen la conversión temporal de la hipoteca en alquiler para evitar que los pisos queden vacíos, permitiendo a los deudores seguir viviendo en ellos, pagando un alquiler con opción de compra. También se habla de eliminar cláusulas abusivas de las hipotecas, delimitar unos intereses por la demora en el pago o refinanciar la deuda, entre otras aplicaciones.

        La realidad es que el lanzamientos en ejecuciones hipotecarias supone un drama para las familias que al final no pueden hacer frente a sus compromisos por el caos económico, además de que el sistema no tiene en cuenta el importe crediticio pagado por los afectados y tienen que asumir posibles embargos (propiedades y nóminas), así como la deuda pendiente.

        Haciendo un análisis sobre la situación, es evidente que los poderes públicos son los que han impulsado la propiedad privada en lugar de un régimen de alquiler más asequible, y los bancos han jaleado a miles de familias a endeudarse por ser la única forma de acceder a la compra de vivienda. Después, se ha comprobado estadísticamente cómo millones de mileuristas hicieron una operación por encima de sus posibilidades, sin ser advertidos por nadie de los riesgos y la ruina que se les podía venir encima en un futuro no muy lejano.

        Quizá, este problema no hubiese tenido tantos efectos negativos hacia la economía de este país si las entidades crediticias no hayan sido tan ambiciosas y hubiesen hecho mejor sus tareas, como conceder operaciones con las garantías de solvencia suficientes. La realidad es que, desde hace unos ocho años, se han concedido operaciones hasta del ochenta por ciento del valor de tasación de la casa (sin contar la picaresca de las sobrevaloraciones), permitiendo que los clientes pudieran escriturar la casa, comprar el ansiado vehículos y enseres, desconociendo que luego «viene Paco con las rebajas». 

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Editorial - Los ciudadanos a la expectativa de los cambios

Los ciudadanos

a la expectativa de los cambios

        Los temas más candentes siguen siendo el de las Elecciones generales y el fracaso estrepitoso del Partido Socialista frente al éxito del Partido Popular, la crisis económica, los casos de corrupción sin esclarecer o el paro de casi cinco millones de personas, la pérdida de ideologías para ir hacia un pragmatismo en busca de nuevas alternativas.

        La realidad es que los conservadores aumentaban en más de seiscientos mil votos del ‘20-N’, mientras que los socialdemócratas perdían cuatro millones que fueron hacia otras formaciones minoritarias y nacionalistas; en el caso de Castilla-La Mancha, los populares se alzan con el doble de escaños que su opositor, confirmándose un claro bipartidismo tendente a la derecha, con independencia de otros focos, como Izquierda Unida y UPyD, más liberales que no quieren encasillarse en las ideologías convencionales y piden el cambio de la Ley Electoral para que la representación parlamentaria sea más justa en relación a los votos obtenidos.

        Ahora, recién constituido el Parlamento nacional, la cuestión es cómo va a empezar a gobernar el Partido Popular para cumplir con el reto, atajar la crisis económica y el desempleo, cuáles van a ser las políticas sociales y retributivas, por dónde van a ir los recortes y en qué medida afectarán a los ciudadanos y cuál va a ser el resultado de la anunciada privatización de los servicios de varios hospitales. En cualquier caso, debe primar la confianza a sabiendas de que los nuevos regidores han heredado una deuda casi insostenible, donde se une un desmesurado déficit.

        Sondeando entre el sentir de los ciudadanos hay expectación hacia el cambio, dada la inadecuada gestión política de la crisis económica nacional e internacional en la que estamos inmersos, que ha provocado el cierre de cientos de miles de empresas y unos tres millones de personas sin trabajo, familias empobrecidas que no pueden hacer frente a sus deudas crediticias, aflorando más pobres y una profunda concentración del poder económico, provocando un coste insoportable para el Estado. Ante este oscuro panorama, se llegan a plantear, como alternativas, la nacionalización de la banca y las compañías estratégicas del país, como petroleras, eléctricas y operadoras, donde se regule un salario mínimo interprofesional de mil euros durante los próximos cinco años, unido al control férreo del desempleo, además de mantener a toda costa los servicios sociales y la sanidad pública, unido a una enseñanza de calidad, donde no se abandere la privatización.

        Se pone en cuestión la falta de medidas contra los especuladores y la corrupción (como se ha visto en políticos, grupos de empresas, instituciones públicas y entidades crediticias), políticas para controlar la economía sumergida, evitar los privilegios de los regidores y la duplicidad de organismos públicos (concediendo las competencias territoriales que le corresponde al Senado y a las diputaciones), debiéndose estudiar seriamente el papel de las autonomías de cara al déficit y cuál es el reparto real y equitativo de los fondos públicos. Incluso, se hace una apuesta por la reforma de La Constitución, especialmente del artículo 8, relativo a las autonomías.

        La falta de liquidez económica llega hasta algunos municipios, al aparecer ayuntamientos en la provincia que no pueden pagar las nóminas del mes y liquidar el I.R.P.F, ya que parten de unos presupuestos irreales dependientes de las transferencias públicas, sujetos a un excesivo número de funcionarios, muchos de ellos «puestos a dedo» por los diferentes colores políticos. Por suerte, esta situación no se ha percibido en los consistorios tomellosero y socuellamino.

         Precisamente, es necesaria la reforma administrativa ya que es inadmisible que el presidente Zapatero cuente con más de cuatrocientos altos cargos de confianza o que en España haya cerca de dos millones setecientos mil funcionarios que cuestan la friolera de quince mil millones de euros anuales.

        Éstos son algunos de los ingredientes que influyen en los ciudadanos a la hora de ejercer su voto, esperando que alguien ponga remedio a la situación tan crítica, con reformas laborales y estructurales que abran nuevos caminos al sector agrario, al transporte y las PYMES por ser, a la postre, las que generan la inmensa mayoría del Producto Interior Bruto y empleo, en la que además se determinen leyes de seguridad ciudadana y se administre equitativamente. Tampoco se debe dejar a un lado el problema que supone atender a la población inmigrante del país, equivalente al diez por ciento, la cual se aprovecha de las distintas lagunas que presenta el sistema de la Seguridad Social, al ser universal, algo que se contempla en pocos países.

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Editorial - Sanidad, ¿futuro incierto?

Sanidad,

¿futuro incierto?

        Coincidiendo con la entrada del nuevo Gerente del Hospital General de Tomelloso, los responsables del Partido Popular de la región siguen apostando por la sanidad pública gratuita y desmienten que se vaya a ir hacia la privatización, olvidando el mensaje de los expertos cuando inciden en la necesidad de realizar un diagnóstico real de la situación del sistema sanitario y sus problemas, ahondando en la necesidad de establecer un cronograma de actuaciones con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario para las generaciones venideras.

        Al igual que en muchas regiones, como en Cataluña, se ha llegado a hablar de que esta Comunidad autónoma está casi en quiebra, dado los mil doscientos millones de euros de deuda existentes, repartida entre las farmacias, ambulancias, beneficiarios de la Ley de Dependencia, residencias y proveedores, entre un largo etcétera, una situación que ha venido creciendo durante los últimos años y ha heredado el nuevo Gobierno.

        Por otro lado, no hay que olvidar que el gasto sanitario crece de manera exponencial debido a que la población se está multiplicando y los recursos son menores, ha aumentado la esperanza de vida y no dejan de incorporarse a la cartera de servicios nuevas prestaciones, lo que hace necesario políticas de eficiencia, donde se está hablando del copago como medida disuasoria del gasto o que paguen parte de la sanidad aquellos que más posibilidades de renta tienen en aras a la sostenibilidad. Otra cosa son los intereses políticos y la campaña electoral con vistas al próximo 20 de noviembre.

        Alguien habló de desburocratizar el SESCAM, de administrar adecuadamente los recursos y de garantizar a los ciudadanos la atención sanitaria, como se viene haciendo hasta ahora. Pero es inconcebible en plena crisis que pacientes que pueden ser resueltos en Atención Primaria sean derivados a Urgencias hospitalarias (utilizando la ambulancia de taxi), que existan funcionarios que son invisibles, que se recete alocadamente, ya que la sanidad es gratis, entre un largo etcétera de puntualizaciones. Por contra, es inadmisible el aumento de las lista de espera, que la atención en los hospitales no sea la adecuada, que las urgencias estén colapsadas y los hospitales se hagan la competencia unos a otros en vez de existir áreas sanitarias para facilitar la atención a los pacientes.

        Todo ello, es un cúmulo de circunstancias y un serio problema que se debe abordar para no poner en peligro un sistema sanitario público, donde la sociedad civil sepa la realidad de las cosas en vez de camuflarse con falsos informes. Mientras, el nuevo gabinete de Cospedal habla de un Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos para atajar el problema, el camino se empezará a ver con el borrador de los presupuestos de 2012 y su ejecución.

       No hay que olvidar que la Sanidad necesita unas previsiones objetivas, dada la movilidad demográfica afectada en más o menos por los avatares políticos-económicos. Es evidente que si el sistema sanitario ha sido válido en el último medio siglo, debe de seguir siéndolo, porque no es la primera situación crítica del país.

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EDITORIAL

¿Quién se hace responsable?

        En España se abre otro debate, el de la seguridad en las ferias, siendo claro ejemplo la tragedia ocurrida en Villacañas, cuando uno de los cuatro brazos de una atracción caía a plomo, provocando la muerte de tres jóvenes de nacionalidad rumana.

        Desde el año 2000, dieciséis personas han perdido la vida en España víctimas de las atracciones, unas veces cuando estaban en marcha y otras como consecuencia de cortocircuitos, pudiendo obedecer a un inadecuado control del Colegio Técnico, dado que se habla de unas inspecciones periódicas poco rigurosas, en las que los ayuntamientos poco pueden hacer por carecer de técnicos, teniendo que recurrir a empresas, con ingenieros industriales, para realizar la inspección y emitir el correspondiente certificado.

        Ante este panorama, cabe preguntarse cuál es la seguridad de las atracciones de feria, algo planteado desde la Organización de Consumidores y Usuarios, lo que le impulsó a elaborar un estudio donde se detectaron muchos incumplimientos, teniendo en cuenta que las revisiones, muchas veces, se realicen desde talleres privados sin ningún tipo de garantías.

        La cuestión es por qué no se hace un control más riguroso de las instalaciones ambulantes, en vez de limitarse a una indagación visual dado que es difícil detectar si una pieza está a punto de romperse, si es demasiado vieja, tiene algún defecto en su diseño o si es adecuada la instalación eléctrica y mecanización para evitar males mayores o el hilo conductor hacia un fatal desenlace.

        Ya se sabe, la mayor responsabilidad corre a cargo del titular de la atracción, quien debe tener contratado el seguro de responsabilidad civil, seguido de los vendedores del aparato y finalmente los organismos públicos. Luego, en caso de tragedia, solo queda en un sumario judicial y una indemnización para los afectados. Después, «a otra cosa mariposa».

        Dejando a un lado este tipo de accidentes, relativamente frecuentes, no hay que desdeñar, por contra, el trabajo y el sacrificio que realizan los feriantes en cada uno de los pueblos donde se instalan para que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas patronales. En muchas ocasiones, especialmente en localidades de menor entidad, tienen que padecer, no sólo las inclemencias atmosféricas, sino la mala adecuación de los recintos, carentes de los servicios imprescindibles para realizar su trabajo, como aseos, pavimentación, los necesarios puntos de luz o de agua, entre otros, para desempeñar efectivamente las funciones de sus casetas, bares o atracciones.


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EDITORIAL - El periodismo, un paso atrás en la provincia

El periodismo,

un paso atrás en la provincia

        Después de todo el acontecer político, las crisis, el paro y las Elecciones, llama poderosamente la desaparición de varios medios de comunicación escritos y televisivos en la provincia de Ciudad Real, junto a la larga lista de editoriales en España que han tenido que cerrar sus puertas por falta de liquidez, llevando consigo el despido de miles de personas dedicadas al mundo de la información.

        Esta es una mala noticia para el sector periodístico que podía ser un apéndice del futuro más inmediato de otras cabeceras debido a la situación socio-económico actual y el escaso interés que hay por la lectura de periódicos (que datan de tres siglos en España), considerados como el «cuarto poder» o «el padre de la industria cultural» dada la influencia social que ha tenido a lo largo del tiempo.

        Conforme han ido pasando los años, el entusiasmo por la información objetiva ha ido mermando, quizá porque los contenidos se han politizado y se ha promocionado la prensa amarilla. Por ende, las empresas editoras han optado más por los profesionales del marketing que por los verdaderos periodistas, sacando al mercado publicaciones que se nutren, informativamente hablando, de los gabinetes y agencias de instituciones u organismos públicos, lo que ha hecho que muchos medios se conviertan en meros «terminales del tejido político» que dista mucho de la realidad. Todo ello, sin entrar en otros grupos editores, que marcan claramente otras tendencias y objetivos, a la postre es más de los mismo, de izquierdas o derechas.

        Quizá, ésta sea una de las causas para que la prensa escrita esté atravesando un claro estancamiento, donde le hacen un flaco favor las redes sociales y las comunicaciones digitales. Esta situación, a medio plazo, no significa que vaya a desaparecer obligatoriamente la prensa escrita, si bien su futuro pasa por un contenido sensacionalista y sin apenas textos, basado en imágenes, titulares y poco más.

        Por otro lado, cabe remarcar que la rentabilidad económica de cualquier medio en soporte papel es casi nula por los elevados costes en cuanto a elaboración (reporteros, redacción, arte final, filmación, impresión y distribución). Es lamentable que aún se tenga como referencia la última Ley de Periodismo, datada de 1966, cuando Manuel Fraga ocupaba la cartera del Ministerio de Información y Turismo, con la que empezó a desaparecer la censura y los costes de correos eran simbólicos, algo que no corresponde con la realidad actual. Ahora, utilizar este servicio para distribuir cualquier medio de comunicación tiene un coste de franqueo por encima de los sesenta céntimos de euro por cada ejemplar, más del doble de una carta convencional.

        Si a todo ello, le unimos el enorme retraso de las administraciones públicas a la hora de abonar las facturas por publicidad, el problema se acentúa en cuanto a liquidez y solvencia presupuestaria, dado que las editoriales tienen que hacer frente a un IVA no percibido, lo que supone recaudar a favor de la Administración local o regional a coste cero.

        Incidiendo en la realidad social, el caudal informativo es infinito e interminable, debido a los inmensos canales que pululan en la calle, a nivel televisivo y por Internet, bajo un afán de atraer, «cueste lo que cueste». Ante este panorama, se salvan los de mayor seriedad y solvencia, donde hablar de libertad de expresión, para una gran parte, suena «a chico», algo surrealista y romántico difícil de entender por una gran parte de la sociedad.

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Editorial - La abstención, una de las alternativas del ciudadano

La abstención,

una de las alternativas del ciudadano

        El ‘22-M’ supone una nueva llamada para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes políticos, a sabiendas de que hay muchas voces que piden el cambio electoral donde prevalezcan listas abiertas y más posibilidades para el resto de las formaciones, aumentando el abanico de propuestas y debates.

        Aunque la mayor atención informativa sea la campaña electoral, en la calle se percibe poco interés y una gran desconfianza hacia futuras candidaturas al considerarse que la clase política es el tercer problema más importante del país, sólo por detrás del paro y de la crisis económica. En cualquier caso, todos no son iguales en cuanto a gestión y transparencia.

        Las urnas, ya se sabe, sirven para que los candidatos se acerquen al pueblo, llevando sobre la mano un paquete de medidas, centradas en fomentar el empleo y la economía, apostar por los servicios sociales y por los que menos tienen, unos compromisos que suelen quedarse «durmiendo el sueño de los justos».

        Con independencia de «la paja», está el grave problema de liquidez en las empresas y tesorerías de las administraciones públicas por la falta de fondos como consecuencia de la caída de impuestos y tasas municipales, donde se une la pérdida de transferencias principalmente de la Junta de Comunidades. Por ello, es necesario una nueva Ley de financiación y de control del gasto de los ayuntamientos para no tener que recurrir a la refinanciación que, a la postre, es ruina.

        Después de todo el «bla, bla, bla...» la población está perdida y una parte muy importante podría optar por la abstención, como se vio hace cuatro años al superarse en muchas circunscripciones el cuarenta por ciento, lo que ha provocado que los candidatos pidan ir a las urnas, por aquello de que «puede venir el contrario».

        A pesar de todo, la apuesta sigue siendo la convivencia pacífica, la consolidación de la Carta Magna y el derecho a elegir a nuestros representantes libremente. En estas elecciones, por vez primera, cogerán las papeletas unos jóvenes que apenas tienen constancia de regímenes anteriores, de los inicios de la transición política, de la Ley de Amnistía, la Reconversión Industrial de los ochenta, las víctimas del terrorismo, los cambios sociales, los primeros compases europeos y autonómicos. Muchos de ellos, estarán presentes en las listas electorales, con la posibilidad de mostrar una nueva visión de futuro y formas de entender la vida dado que están rodeados de las nuevas tecnologías y redes sociales, lo que hace que presten menos atención a lo ocurrido en tiempos pasados, considerados como una historia que aparece en las hemerotecas.

        Fruto de los nuevos avances, el proceso electoral se desarrollará de una manera informatizada, aunque el recuento de varios millones de papeletas siga realizándose de forma manual. Finalmente, internet será el vehículo de comunicación hacia el Centro de recogida de datos en el Ministerio del Interior, predominando la rapidez, el control y la transparencia del escrutinio final.

        Entretanto, desde la redacción de PASOS se anima al electorado para ejercer su derecho al voto.

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Editorial_ ¿Quien le pone "el cascabel al gato"?

PABLO ORTIZ PERONA 

En puertas a las Elecciones del ‘22-M’, la mayor preocupación sigue siendo el incremento del paro y la crisis económica a causa del descenso de la productividad, la falta de liquidez y financiación crediticia, el aumento de los precios e impuestos, la congelación salarial frente a la subida de los intereses del dinero y el euribor. Al oscuro panorama, se une el incremento de los carburantes por las revueltas del norte de África, la reconversión de las cajas de ahorros y el rescate del Banco de España por sus agujeros financieros de dudosa credibilidad que, a la postre, va con cargo al bolsillo de los ciudadanos e inciden en la caída del consumo.

Castilla-La Mancha es uno de los territorios «federales» que está acusando la recesión, demostrado con los doscientos veinte mil parados, las miles de familias dependientes de la solidaridad de Cáritas y otras ‘Organizaciones no gubernamentales’ por no tener ninguna percepción líquida (evidenciando angustia y desesperación). Todo ello, hace que se pidan soluciones inmediatas y políticas más creíbles, llevando consigo la reducción del gasto público, una bajada de impuestos, la eliminación de burocracias, así como de funcionarios triplicados (a pesar de la informatización de las áreas) y excesivas dedicaciones de confianza puestas a dedo.

La opinión pública incide en eliminar la financiación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales para darle más consistencia a los Presupuestos estatales y autonómicos, más aún cuando son colectivos que deberían subsistir de sus afiliados y proyecciones. También se habla de incidir en un nuevo modelo educativo y de formación para el futuro de las nuevas generaciones, dado el fracaso escolar y las escasas posibilidades que se les ofrece; es necesario abanderar los nuevos valores y la conciencia hacia los derechos humanos y el respeto ineludible al Planeta Tierra.

El eje del futuro de la región debe estar en la apuesta incondicional por el sector primario, nuevas infraestructuras para la industria y la investigación, sin olvidar los servicios públicos, como la Sanidad gratuita (en la que se eliminen las listas de espera y no se apueste por el copago), ley de Dependencia y de Pensiones o cultura y deporte, entre un largo etcétera.

Para llevar a cabo esta abanico de prestaciones debe haber un equilibrio entre ingresos y gastos para no llegar a la ruina, como lo ejerce cualquier empresa que apueste por el cumplimiento de sus objetivos.

Entretanto, escandalizan los casos de corrupción e imputados en los falsos ‘Eres’ de Andalucía, la trama ‘Gürtel’ de Valencia y ‘Mercasevilla’, sin olvidar los entramados ‘Faisán’ entre justicia, fuerzas de seguridad y políticos con la organización terrorista ETA, llegándose a cuestionar la viabilidad del poder judicial.

Si nos detenemos en el tejido político, la sociedad sigue pidiendo gente honesta que anteponga los intereses personales y de partido por los nacionales, como evitar que «sus señorías» tengan más privilegios que la sociedad española, como en prestaciones y pensiones. Ahora, es lamentable ver la incompetencia y el déficit cultural de la mayor parte de los parlamentarios nacionales y regionales, incapaces de legislar leyes encaminadas hacia la justicia y el derecho, ya que en la historia contemporánea nunca se ha visto que los trabajadores (como el recorte del cinco por ciento del salario de los funcionarios) no tengan garantías laborales y se esté por debajo de la Unión Europea en cuando a nóminas.

La pregunta es quién le va a poner «el cascabel al gato» para abordar reformas ante la crisis y volvamos a posicionarnos entre los primeros de los veintisiete. Quizá haga falta una escuela para los políticos que marque un nuevo estilo y manera de gobernar. Mientras siga «el todo vale» y politizadas las administraciones públicas, la cosa no irá bien. Sería bueno compararnos con Francia para entender algo de lo expuesto. 

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EDITORIAL - Obligados a 110 kilómetros

Obligados a 110 kilómetros

        La mayor parte de la población encuestada considera una barbaridad reducir la velocidad a 110 kilómetros hora en las carreteras españolas para minorizar los efectos del incremento del crudo. Parece como si fuéramos hacia atrás, como si se retrocediera a la década de los setenta, cuando existían los arcaicos Seat 124, Renault 12, Simca 1.200, Mercedes Benz o Dogge Dart.

         Con esta medida, se obliga a los conductores a estar más pendientes del cuentakilómetros y los radares que de las autovías, además de soportar un mayor intervalo de tiempo bajo el volante y sufrir embotellamientos innecesarios. Mientras, los vehículos de alta potencia deben circular a una velocidad más baja y a más revoluciones, conllevando más consumo y contaminación.

         Hay que tener en cuenta que España importa el 75 por ciento de la energía que consume y después de que el producto petrolífero se haya situado en máximos históricos, el Gobierno ha optado por incrementar el precio de los combustibles. Ante ello, las perspectivas de recuperación económica nacional y de las familias merman estrepitosamente, afectando también a las empresas de transportes, las cuales se ven obligadas a reducir la flota de vehículos como consecuencia del aumento del gasóil, cuantificado en unos nueve mil euros anuales por camión.

         A priori, el Consejo de Ministros de Zapatero ha pretendido reducir un cinco por ciento el consumo de petróleo, equivalente a un ahorro de unos dos mil trescientos millones de euros; a esta cantidad hay que restar los gastos de señalización, evaluados en doscientos cincuenta mil euros, sin contar el desembolso que llevará a cabo por el cambio de luminarias o el Plan Prever de neumáticos con cargo a las comunidades autónomas, lo que ha hecho que muchos castellano-manchegos opinen que ésta es una forma de obviar otros problemas nacionales y engordar las arcas públicas (mediante multas, que al final no son tantas) en vez de ahorrar energía, dado que existen otras opciones, como subvencionar la compra de vehículos híbridos o apostar por energías alternativas debido a que las reservas se agotan y las cargas impositivas de las industrias petrolíferas son enormes.

         A todas luces, este Decreto está hundiendo al sector del automóvil, contrastado con el cierre de decenas de concesionarios y el despido de miles de profesionales.

Con independencia de valorarse alguna de las veinte medidas del Ejecutivo, como el respaldo hacia el transporte público con la reducción de los billetes en unos céntimos, los ciudadanos se cuestionan que esta Ley  haya contado con escasos días para entrar en vigor, sin someterse, incluso, a debate parlamentario y se ignoren a las regiones, como Castilla-La Mancha.

        Era ilógico ver que muchas señales de 120 permanecían en las carreteras por el escaso margen de tiempo aplicado para cambiar el sistema. Ante ello, viene a pelo la frase «haz lo que yo diga pero no lo que yo haga», si miramos el comportamiento de muchos responsables públicos.

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EDITORIAL - Las lenguas sirven para entenderse...

Las lenguas sirven para entenderse, 

algo que empieza a ocultarse en el Senado

        Cuando todas sus «señorías» hablan y entienden perfectamente el castellano, acaba de inaugurarse en el Senado el sistema de traducción simultánea, similar al del Parlamento Europeo en donde no rige una lengua oficial. A partir de ahora, los representantes públicos tendrán que  utilizar pinganillos en las sesiones plenarias para entenderse, algo absurdo y un «capricho» que supone un coste anual de trescientos cincuenta mil euros para pagar los gastos de traductores, así como los viajes y dietas que lleva consigo. 

        Esta medida se ha tomado, previsiblemente, por las presiones de los partidos nacionalistas, aunque representen una minoría de la Cámara, quienes han celebrado, junto al Gobierno central, la reforma del Reglamento en cuanto a pluralidad lingüística. Quizá, se han olvidado de que las lenguas sirven para entenderse y que el castellano es hablado por más de cuatrocientos millones de personas en todo el mundo. Ahora, lamentablemente, el separatismo tiene un poder y hace un flaco favor a un mundo globalizado y de valores, donde se debe compartir proyectos e intereses comunitarios.

        Al día siguiente de darse a conocer esta noticia, la mayor parte de la cabecera de los periódicos «nacionales», polemizaron sobre la actuación parlamentaria y su enorme irracionalidad, como si no hubiese otros problemas que tratar. Incluso, desde los diferentes foros de Internet, se desatan burlas y chistes respecto a la necesidad de traductores cuando existe un idioma común.

        Por otro lado, es poco entendible que los responsables económicos de este hemiciclo digan que han recortado el presupuesto del Senado, cuando han tenido que incluir una partida que, a todas luces, es injusta. «Manda huevos», con perdón, que se les esté exigiendo un esfuerzo económico a los españoles para superar la crisis económica que azota a España, en la que se habla de más de un millón de familias sin  ningún tipo de ingresos por tener a todos sus miembros en paro.

        Todos los pensadores coinciden en que la lengua está para entenderse y no para hacer separatismo, por ser la mayor identidad de España, donde no hay que desdeñar los dialectos de cada una de las regiones, al estar íntimamente ligado a la cultura y a las tradiciones. Sin embargo e incidiendo en este asunto tan peliagudo, en otros países latinos se hace una apuesta por el castellano, valorando la figura de Cervantes y poetas como Juan Ramón Jiménez, cuando decía: «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas».

        Incidiendo en la funcionalidad del Senado, hay voces que se cuestionan la existencia del mismo y piden el cambio de la Constitución para llegar a una única cámara, el Congreso de los Diputados. De lo contrario, se le debería dar más competencia territorial, para conseguir un marco de auténtica referencia en aras a cada una de las regiones, como Castilla-La Mancha.

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