martes, 27 de diciembre de 2011

Editorial - Los ciudadanos a la expectativa de los cambios

Los ciudadanos
a la expectativa de los cambios

        Los temas más candentes siguen siendo el de las Elecciones generales y el fracaso estrepitoso del Partido Socialista frente al éxito del Partido Popular, la crisis económica, los casos de corrupción sin esclarecer o el paro de casi cinco millones de personas, la pérdida de ideologías para ir hacia un pragmatismo en busca de nuevas alternativas.
        La realidad es que los conservadores aumentaban en más de seiscientos mil votos del ‘20-N’, mientras que los socialdemócratas perdían cuatro millones que fueron hacia otras formaciones minoritarias y nacionalistas; en el caso de Castilla-La Mancha, los populares se alzan con el doble de escaños que su opositor, confirmándose un claro bipartidismo tendente a la derecha, con independencia de otros focos, como Izquierda Unida y UPyD, más liberales que no quieren encasillarse en las ideologías convencionales y piden el cambio de la Ley Electoral para que la representación parlamentaria sea más justa en relación a los votos obtenidos.
        Ahora, recién constituido el Parlamento nacional, la cuestión es cómo va a empezar a gobernar el Partido Popular para cumplir con el reto, atajar la crisis económica y el desempleo, cuáles van a ser las políticas sociales y retributivas, por dónde van a ir los recortes y en qué medida afectarán a los ciudadanos y cuál va a ser el resultado de la anunciada privatización de los servicios de varios hospitales. En cualquier caso, debe primar la confianza a sabiendas de que los nuevos regidores han heredado una deuda casi insostenible, donde se une un desmesurado déficit.
        Sondeando entre el sentir de los ciudadanos hay expectación hacia el cambio, dada la inadecuada gestión política de la crisis económica nacional e internacional en la que estamos inmersos, que ha provocado el cierre de cientos de miles de empresas y unos tres millones de personas sin trabajo, familias empobrecidas que no pueden hacer frente a sus deudas crediticias, aflorando más pobres y una profunda concentración del poder económico, provocando un coste insoportable para el Estado. Ante este oscuro panorama, se llegan a plantear, como alternativas, la nacionalización de la banca y las compañías estratégicas del país, como petroleras, eléctricas y operadoras, donde se regule un salario mínimo interprofesional de mil euros durante los próximos cinco años, unido al control férreo del desempleo, además de mantener a toda costa los servicios sociales y la sanidad pública, unido a una enseñanza de calidad, donde no se abandere la privatización.
        Se pone en cuestión la falta de medidas contra los especuladores y la corrupción (como se ha visto en políticos, grupos de empresas, instituciones públicas y entidades crediticias), políticas para controlar la economía sumergida, evitar los privilegios de los regidores y la duplicidad de organismos públicos (concediendo las competencias territoriales que le corresponde al Senado y a las diputaciones), debiéndose estudiar seriamente el papel de las autonomías de cara al déficit y cuál es el reparto real y equitativo de los fondos públicos. Incluso, se hace una apuesta por la reforma de La Constitución, especialmente del artículo 8, relativo a las autonomías.
        La falta de liquidez económica llega hasta algunos municipios, al aparecer ayuntamientos en la provincia que no pueden pagar las nóminas del mes y liquidar el I.R.P.F, ya que parten de unos presupuestos irreales dependientes de las transferencias públicas, sujetos a un excesivo número de funcionarios, muchos de ellos «puestos a dedo» por los diferentes colores políticos. Por suerte, esta situación no se ha percibido en los consistorios tomellosero y socuellamino.
         Precisamente, es necesaria la reforma administrativa ya que es inadmisible que el presidente Zapatero cuente con más de cuatrocientos altos cargos de confianza o que en España haya cerca de dos millones setecientos mil funcionarios que cuestan la friolera de quince mil millones de euros anuales.
        Éstos son algunos de los ingredientes que influyen en los ciudadanos a la hora de ejercer su voto, esperando que alguien ponga remedio a la situación tan crítica, con reformas laborales y estructurales que abran nuevos caminos al sector agrario, al transporte y las PYMES por ser, a la postre, las que generan la inmensa mayoría del Producto Interior Bruto y empleo, en la que además se determinen leyes de seguridad ciudadana y se administre equitativamente. Tampoco se debe dejar a un lado el problema que supone atender a la población inmigrante del país, equivalente al diez por ciento, la cual se aprovecha de las distintas lagunas que presenta el sistema de la Seguridad Social, al ser universal, algo que se contempla en pocos países.


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